La cuestión de la venta mal llamada “ambulante” siempre ha marcado una de los principales desafíos de las entidades gremiales empresarias de las ciudades de nuestro país.
Decimos mal llamada ambulante porque como lo define esa misma palabra podría considerarse venta ambulante la realizada por el individuo que sin una ubicación permanente, ofrece sus productos trasladándose, quizás recorriendo zonas, visitando hogares, usando medios de trasporte público, etc.
En este artículo deseamos referirnos de forma más exacta a la venta ilegal, la que dejando de lado las normas establecidas por los gobiernos formales (nacional, provincial y municipal) y las tasas o impuestos que imponen sus agencias o dependencias de recaudación, presentan una competencia desleal al comercio formal, que no solo se haya debidamente registrado ante quien lo solicite dentro de los parámetros de la ley, sino que realiza una inversión privada con el fin de obtener el redito bien habido, lo que incluye el alquiler y mantenimiento de su local, el tiempo que requiere desarrollar una reputación, la inversión de un stock que permita ofrecer una atención integral y no solo oportunista, y da vida a las ciudades siendo referencia en muchas ocasiones para nuestra sociedad.
En tiempos de dificultades económicas es usual que haya un recrudecimiento de la presencia de vendedores que, aprovechando las circunstancias, ofrecen productos más “baratos” ubicándose en lugares privilegiados de las ciudades usufructuando el contexto generado por el comercio tradicional y legal, sin hacer frente al pago de impuestos o tasas, sin indicar de donde provienen los productos que ofrecen, ni dando garantías sobre los mismos, sean sanitarias, bromatológicas o comerciales, y sosteniéndose en una estructura de ilegalidad organizada, lo cual se puede comprobar simplemente observando sus métodos de comercialización, los elementos utilizados a tal fin y la provisión de sus productos que no es simplemente parte de una economía de sobrevivencia sino una empresa claramente definida por la evasión.
La ley y la razón amparan la aplicación de las normas establecidas para el accionar de las fuerzas policiales y la intervención de los inspectores que, respaldados por dichas leyes nacionales, provinciales o las ordenanzas municipales, combatiendo esta competencia desleal e ilegal.
Hay en esto siempre un problema implícito. La justificación simplista. El argumentar que ante esquemas de inestabilidad o recesión puede justificarse la ilegalidad admitiendo o haciendo la vista gorda hacia un acto contravencional grave. Esta visión facilista es parte del problema. Colabora a generar al fin al cabo esa misma informalidad que nos convierte en una sociedad deficiente.
Comprendemos el contexto económico. Comprendemos la necesidad de generar acciones políticas y concretas que contemplen dichas circunstancias. Valoramos la capacitación, la generación de iniciativas que permitan a toda la ciudadanía tener una vida digna. Trabajamos y apoyamos estos objetivos.
Es nuestra postura luchar contra los emprendimientos organizados e ilícitos que presentan una competencia desleal al comercio legal de Alte. Brown. Agradecemos al gobierno municipal su compromiso de atender nuestras continuas solicitudes de intervención ante vendedores que se encuentran encuadrados en la clara ilegalidad. Aplaudimos la conciencia social y confiamos en que se encontraran los resortes adecuados para atender esas necesidades con políticas activas específicas entendiendo que el camino adecuado es el respeto de las leyes que nos convierten en nación y nos dan el marco formal para comenzar un camino de recuperación en lo que significa ser un mejor país para los argentinos.
No estamos dispuestos a claudicar en este ingrato trabajo. Siempre presentaremos defensa por el comercio de nuestro Distrito.
