Aunque la reforma laboral de fondo llegaría recién el próximo año, el Gobierno quiere comenzar avanzar con pequeños cambios tras las legislativas
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La presión del gobierno para frenar la paritaria del sindicato de Comercio, el más grande del país, revela hasta qué punto se busca avanzar en cambios de fondo en la estructura laboral.
El mercado laboral argentino está estancado hace una década, y según el INDEC, el 36% de los asalariados no tiene descuento jubilatorio. Un trabajo de la Fundación Mediterránea eleva esa cifra al 42% a nivel nacional.
En ese escenario, la brecha entre trabajadores formales e informales es muy amplia en materia salarial: los sueldos informales son en promedio un 40% más bajos, de acuerdo con estadísticas oficiales.
Además, un estudio de la consultora LCG advirtió que el mercado laboral no ajustó por cantidad sino por «calidad». Esto refleja un deterioro del empleo en forma progresiva, lo que torna más difícil dar cuenta del fenómeno.
A esto se suma que la informalidad laboral no es homogénea a nivel país y muestra grandes diferencias geográficas, determinadas por la estructura productiva, niveles salariales y acceso a sectores formales. En regiones como Tierra del Fuego, Santa Cruz y Ciudad de Buenos Aires, la informalidad se ubica cerca del 20%, mientras que en provincias como Tucumán supera el 60%
Desde la Fundación Mediterránea sostienen que estas divergencias deben ser consideradas en cualquier proyecto de reforma laboral.
Mercado laboral: el Gobierno avanzará con cambios tras las legislativas
El tema de los cambios en materia de leyes de empleo empezó a cobrar fuerza en las últimas semanas, a partir de intervenciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien viene alertando sobre la necesidad de que convenios laborales específicos por regiones en la Argentina, en lugar de un solo marco nacional.
«Las realidades locales son fundamentales para comprender las condiciones de empleo», explican en las cámaras empresariales.
A juicio del Gobierno, antes de que pensar en una reforma laboral de fondo probablemente a partir del año próximo, ya con un nuevo congreso configurado, se puede empezar a avanzar desde ahora con pequeños cambios que vayan permitiendo a las pequeñas y medianas empresas contratar personal sin temor a caer víctimas de una industria del juicio que desde el año pasado volvió a recuperar bríos.
Desde la óptica oficial, hay un número cada vez más grande de empresas interesadas en incrementar sus plantillas laborales, pero demoran las decisiones porque le temen a convenios de trabajo pensados para un mundo de hace medio siglo.
Los problemas en el mercado de trabajo se reflejan, además, en una precarización estructural donde sobresale el crecimiento de formas de empleo informales o semi-formales, como el monotributo, y una ausencia de generación de empleo privado formal a gran escala.
El Gobierno apunta a modificar regulaciones que permitan generar empleo con políticas diferenciadas por región y sector productivo, un punto en el que coinciden grandes cámaras empresariales como la Unión Industrial Argentina.
En la Casa Rosada destacan que, a pesar de la caída en la actividad generada por el necesario ajuste, la tasa de empleo en la Argentina se mantiene en torno al 45%. Y creen que hay chances de avanzar con cambios que permitan aumentar no solo esa proporción, sino también la cantidad de trabajadores registrados.
El incremento del empleo estuvo impulsado por monotributistas
En efecto, tanto los datos del INDEC como los del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA, a febrero) muestran que el empleo asalariado en el sector formal se mantiene en torno a los 6 millones de puestos de trabajo desde 2011. En cambio, los monotributistas pasaron de 1,3 millones a superar los 2 millones en el mismo lapso.
Según un informe del IERAL, entre 2014 y 2024 el empleo total creció 20%, incorporando 3,6 millones de trabajadores. Sin embargo, detrás de este dato se oculta una realidad preocupante, el empleo asalariado privado registrado (el segmento más sólido y protegido) se mantuvo prácticamente estancado en torno a los 6,2 millones de puestos. Es decir, las incorporaciones de personal se vienen dando por el lado de los monotributistas.
El incremento del empleo estuvo impulsado principalmente por un aumento del 40% en la cantidad de monotributistas. Expertos advierten que, si bien esa modalidad ofrece cierta formalización fiscal, muchas veces encubre un vínculo laboral.
Ponen como ejemplo numerosos casos de pymes que vienen reduciendo sus plantillas «en blanco» e incorporando grandes volúmenes de trabajadores jóvenes que facturan mensualmente como monotributistas.
«Buena parte de los nuevos ocupados se insertaron en la informalidad. La expansión del empleo se apoyó en formatos precarios o insostenibles, sin revertir la debilidad estructural del mercado laboral, es decir, la incapacidad de generar empleo privado formal, de calidad y a escala», explicó el trabajo del IERAL.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que tras las elecciones legislativas nacionales el Gobierno buscará avanzar con la reforma laboral, que profundiza una primera modificación que se incluyó en la Ley Bases, y una reforma tributaria.
El gobierno ya avanzó con una primera reforma laboral en el capítulo III de la Ley Bases, sancionada en julio de 2024, y que después de octubre buscará profundizar. Este viernes, como parte de lo aprobado en esa mega legislación que redactó Sturzenegger, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso conformar instrumentos financieros que permitan crear los eventuales fondos de cese laboral.
El Gobierno buscará reemplazar el modelo de idemnización por un seguro de despido
El mecanismo pretende reemplazar el modelo de indemnización que contempla actualmente la Ley de Contratos del Trabajo. De todas formas, al menos hasta que no se apruebe una nueva reforma laboral, la resolución no tiene un carácter vinculante, dado que la adhesión al Fondo de Cese Laboral es voluntaria, si existe un acuerdo entre sindicatos y cámaras empresariales.
La modalidad que busca impulsar el gobierno consiste en una suerte de seguro de despido o desempleo; mecanismo que ya existe en la UOCRA a partir de la ley 22.250 aprobada durante la última dictadura militar.
Para Francos, el problema en la Argentina es que «hay una cantidad de trabajo informal, de actividad informal en la economía, fundamentalmente por las presiones que tienen los emprendedores y empresarios».
Se explicó hacia donde apunta la administración en materia laboral. La economía debería tener una «estructura contractual deflacionaria».
«Necesitamos una estructura contractual de una economía con deflación y la estructura contractual de Argentina es de una economía con inflación», sostuvo.
Se considera que la estructura productiva del país debe prepararse para una economía con inflación baja, incluso deflacionaria. «La estructura contractual no está preparada, por lo que, si el tipo de cambio se me va muy rápido al piso de la banda, y yo limpio el sobrante monetario, pero en esa transición no tengo acomodada la estructura contractual, puedo estar mandando empresas a la quiebra», mencionó el Presidente.
Para el jefe de Estado, el sistema contractual en la Argentina está pensado para una economía con permanente inflación, y él asegura que a mediados del año próximo las subas de precios tenderán a cero.
En el Gobierno explican que, en un contexto de estabilidad de precios, la flexibilidad es esencial y señalan que para proteger el empleo se necesita más libertad de contratación.
Cerca de Sturzenegger sostienen que el hecho de que el salario deba ser homogéneo en todo el país es una restricción que puede dejar a empresas o regiones sin capacidad de contratar.
Desde la óptica oficial, una de las estructuras contractuales que impiden bajar los precios es la Ley de Contrato de Trabajo, que no permite reducir los salarios nominales. Y se preguntan por qué eso debe ser así en caso de que el país se encamine hacia una economía deflacionaria.
En la Casa Rosada advierten que la alta inflación de los últimos años fue aliada del objetivo político de hacer caer los salarios reales, al subir menos que la inflación y, por ende, tener menor poder de compra.
El modelo económico impulsado por esta administración considera que la competitividad (bajar los costos en dólares) no se ganará con el tipo de cambio sino mediante reformas de fondo, como la reducción de impuestos y las desregulaciones.
Entre los especialistas no están tan de acuerdo con esa posición. Para Ricardo Delgado, de la consultora Analytica, la deflación es «una anomalía» y explica que los países normales tienen algo de inflación, muy baja.
Delgado recordó que al final de la Convertibilidad hubo en Argentina deflación, pero alertó que si esa tendencia es persistente, produce una recesión por la caída de ingresos.
«Una estructura contractual que permita la deflación puede significar bajar los ingresos y los costos, como los salarios, porque todo lo demás se puede hacer ya, en tanto es posible que caigan las tarifas, los servicios públicos y los combustibles, por ejemplo», graficó.
También advirtió que «si hay deflación y se contraen los márgenes empresariales, van a existir menos incentivos para las inversiones».
Para Delgado, «una caída de los ingresos significa menor capacidad de compra, y no es necesario ir hasta ahí. En Estados Unidos durante la década de 1930 hubo deflación, pero dejó un altísimo desempleo. De hecho, a mediados de 1933 la tasa de desocupación superó el 25%».
Cómo sería el seguro de despido
Mientras el debate se va instalando, el gobierno avanza con los mecanismos a su alcance. La Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó la resolución 1066/25, mediante la cual dispone los mecanismos para avanzar en la conformación de instrumentos financieros para los eventuales fondos de cese laboral que pudieran sustanciarse.
El mecanismo está contemplado en el artículo 96 del capítulo III de la Ley Bases aprobada en julio de 2024 y consiste en reemplazar el modelo de indemnizaciones establecido en la Ley de Contratos del Trabajo que dispone, en general, del pago de un salario mensual por año trabajado para aquel trabajador que resulte despedido sin causa.
La resolución tiene un carácter no vinculante puesto que, según lo normado por la ley de Bases, la adhesión al Fondo de Cese Laboral será de tipo voluntaria y se aplicará en aquellos gremios en los que sindicatos y cámaras acuerden implementarlo y lo incorporen a sus convenios colectivos.
La modalidad consiste en una especie de seguro de despido que el empleador abona todos los meses y el trabajador percibe una vez que se diluye la relación laboral. Los detalles de la operatoria asumirán su forma en cada convenio que se establezca.
El mecanismo ya existe en la UOCRA a partir de la ley 22.250 aprobada en 1980 bajo la dictadura militar. A partir de allí, las empresas aportan durante el primer año y mes a mes el 12% del haber del trabajador que luego se reduce al 8% en los años subsiguientes. Una vez que se diluye el vínculo laboral por decisión de cualquiera de las partes, el obrero percibe los fondos acumulados en una cuenta generada a tal fin que, en este caso, cuenta con la participación del sindicato.
Pero ese sistema, que reemplaza al régimen de preaviso y despido contemplados por la Ley de Contrato de Trabajo, avanzó en el gremio de la Construcción por el acuerdo con su representación sindical pero, principalmente, en función de las características estacionales de la actividad en la que ingresan y egresan trabajadores en forma casi permanente.
Habrá que ver si puede aplicarse a otras actividades que no tienen esas características específicas.
La aprobación de la norma en la ley Bases busca, en última instancia, liquidar el sistema de indemnizaciones con el propósito de flexibilizar el empleo y terminar con la estabilidad laboral.
La norma difundida por la CNV establece mecanismos a los que podrán acceder aquellos gremios que estén dispuestos a aplicar la modalidad en su convenio. Señala que los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, y que, en todos los casos, las empresas podrán auto-asegurarse en el sistema que se defina.
Pero una de las claves en las que el gobierno busca avanzar rápido es en la federalización de las negociaciones colectivas.
